Resumen: Derecho a un juez imparcial: no puede admitirse que exista pérdida de imparcialidad del órgano sentenciador por el hecho de pronunciarse sobre los hechos que considera probados y cuales no. Inexistencia de una alteración sustancial en la sentencia que implique una infracción del principio acusatorio en sus elementos fácticos. No se aprecia que el Ministerio Fiscal haya faltado a su neutralidad y respeto al principio de legalidad. Denuncia anónima como forma de iniciar unas actuaciones policiales de investigación. No se considera infringido el principio acusatorio. Presentes entregados y aceptados para realizar un acto injusto, que integran un delito de cohecho, si que sea necesario que el funcionario cometa el acto delictivo o injusto. Atenuante de dilaciones indebidas no alegada en la instancia, pero apreciable como simple. Responsabilidad civil derivada del delito de cohecho. Predeterminación del fallo no apreciable. Carencia de legitimación para recurrir la aplicación de una atenuante. Valoración de declaraciones de coacusados. Delito de cohecho pasivo impropio. Apreciación de la continuidad delictiva. Irrelevancia del destino final de lo ilícitamente recibido. Prescripción en los supuestos de enjuiciamiento de un comportamiento delictivo complejo.
Resumen: Se estima el recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito contra la seguridad del tráfico en su modalidad de conducción sin permiso porque en el cuadro probatorio no se hace mención alguna del hecho de que el acusado, al margen del contenido del expediente administrativo, tuviera conocimiento de que no podía conducir el vehículo en cuestión por decisión de la autoridad administrativa competente. Exigencias relativas a la declaración de hechos probados.
Resumen: El juzgado de lo penal condena a la acusada como autora de un delito continuado de estafa del artículo 248.2 del código penal a la pena 21 meses de prisión. La representación procesal de la acusada interpone recurso de apelación alegando el error en la valoración de la prueba. Solicita la revocación de la sentencia y la libre absolución. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, ratifica la sentencia concluyendo que las alegaciones se encuentran vacías de apoyo probatorio, y no contrarrestaran la prueba de cargo debidamente plasmada en la resolución apelada. respecto de la aplicación de la circunstancia atenuante por analogía del artículo 21.7 en relación con el artículo 21.1, no puede prosperar ya que no ha sido una petición que se realizara en la instancia ni en el escrito de defensa. La individualización de la pena está correctamente motivada, 21 meses de prisión.
Resumen: QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR: prohibición de aproximación a la hija común que incumplieron de común acuerdo. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA: la revisión de la prueba en apelación supone un nuevo juicio con plenas facultades y la exclusiva limitación derivada del respeto a la inmediación, con un control centrado en la constatación de errores patentes o de conclusiones ilógicas. TIPICIDAD: la continuidad tras el encuentro casual cubre la construcción típica. La circunstancia del incumplimiento se refleja en la imposición de la pena en su extensión mínima. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: decae ante la existencia de prueba de cargo sobre el hecho y la autoría.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal cometido contra víctima menor de edad. Acusado que realiza repetidas conductas de tocamientos sexuales y felaciones, que impone sobre una hija menor de edad con la que convive, desde que la menor tiene cuatro años y hasta los diez años. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante. Valoración del testimonio de la víctima menor de edad y elementos externos de corroboración del relato efectuado por la víctima. Prueba pericial médica de la que se extrae que no existe base alguna para entender que los hechos expuestos por la testigo menor de edad obedezcan a un relato autosugestivo o ideado artificialmente y obedecen a una experiencia realmente vivenciada. Facultades del tribunal de apelación en orden a revisar la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de instancia. Conductas abusivas sexualmente repetidas y mantenidas durante varios años. Delito de abusos sexuales sobre menor de edad. Continuidad delictiva. Pluralidad de acciones realizadas por el sujeto activo en el marco de un mismo tipo delictivo o de semejante naturaleza. Indemnización en concepto de responsabilidad civil derivada del delito sexuales. Conceptos resarcibles.
Resumen: Se condena por incendio forestal causado por imprudencia grave por la quema de restos vegetales, ramas, maleza y matorral en condiciones meteorológicas no favorables, con un viento moderado de 16 kilómetros la hora, con una temperatura ambiental elevada de 23º grados centígrados y un porcentaje de humedad relativa del 54%. Condiciones que generaban una probabilidad media de un 26% de que una brasa, pavesa o pequeña fuente de calor pudiera inflamar el combustible fino muerto de la zona, sin contar el acusado con ayuda de nadie, ni adoptar mínimas precauciones y medidas de seguridad y sin haber recabado la preceptiva autorización administrativa. Si el acusado no comparece de forma voluntaria al juicio y se celebra el juicio en su ausencia, habiendo elementos suficientes para su enjuiciamiento, no cabe la lectura de su declaración sumarial para ser valorada como prueba de cargo. Requisitos de la prueba indiciaria. Alcance del control de la valoración probatoria realizada en la instancia que corresponde hacer al tribunal de apelación. Para la apreciación de la eximente completa de alteración psíquica no basta la existencia de un diagnóstico que aprecie una anomalía o alteración psíquica como elemento biopatológico, sino que a él debe añadirse la comprobación de que tal déficit impide al sujeto o le dificulta en mayor o menor medida la comprensión de la ilicitud de la conducta o bien la actuación conforme a esa comprensión.
Resumen: El juzgado De lo penal absuelve al acusado del delito de estafa. La representación procesal de la acusación particular interpone recurso de apelación solicitando que se dicte una sentencia condenatoria en los Términos interesados. La Audiencia provincial desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia aplicando la doctrina jurisprudencial y los artículos 790.2 y 792 de la ley de enjuiciamiento criminal.
Resumen: Confirma la sentencia absolutoria por los delitos de prevaricación administrativa objeto de acusación. Se interpone recurso de apelación contra sentencia absolutoria sin pedir la nulidad de la misma lo que impide, de inicio, su apreciación. En todo caso, el delito de prevaricación administrativa requiere que: a) se dicte una resolución arbitraria, que desborden la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, por autoridad o funcionario en asunto administrativo, ilegalidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; b) la resolución ocasione un resultado materialmente injusto; c) la resolución se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, consciente de que actúa contra el derecho ("a sabiendas de su injusticia") y d) la actuación sea intencionada, a sabiendas, es decir, que se adopte la resolución con pleno conocimiento de su injusticia. No es suficiente la mera ilegalidad, pues las normas administrativas prevén supuestos de nulidad controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa, actuando el derecho penal sólo en los casos más graves. El art. 405 CP. regula la modalidad específica de prevaricación consistente en nombramientos ilegales. De la prueba practicada no se acredita la concurrencia de los elementos integrantes del delito objeto de acusación.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a dos acusados como autores responsables de nueve delitos contra la Hacienda Pública, por defraudación en el Impuesto de Sociedades y en el IVA durante diversos ejercicios fiscales. Acusados que desarrollan una actividad empresarial lucrativa para cuya cobertura constituyen una fundación desde las que obtienen las ventajas legalmente previstas para las fundaciones sin ánimo de lucro, consiguiendo una reducción importante de las cuotas tributarias correspondientes tanto al Impuesto de Sociedades como en el IVA, en el que hacían aplicación de la exención prevista para las prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por las entidades y establecimientos de carácter social, cuando tales requisitos no se daban en las sociedades de los acusados, dedicadas a la residencias de tercera edad, por las que percibían las cuotas mensuales correspondientes a una actividad empresarial lucrativa. Defraudación del IVA. Liquidación de la cuota tributaria correspondiente al tipo de actividad realizada por las empresas de los acusados. Aplicación del IVA reducido del 4% correspondiente a los internos dependientes. Alegación defensiva que no se despliega hasta la fase de juicio oral, de modo que ni durante la instrucción sumarial ni en la fase intermedia fue cuestionada la liquidación de cuotas propuesta por la Administración Tributaria, lo que ha impedido hacer prueba sobre las residentes tributarios de facturar a una IVA reducido
Resumen: El juzgado de lo penal condena a ambos acusados como autores del delito de estafa a la pena de siete meses de prisión y al pago solidario de la responsabilidad civil. La representación procesal de los acusados interpone recurso de apelación alegando ambos infracción del principio de presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba e in dubio pro reo, indebida aplicación del artículo 248 del código penal y falta de aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6, y errónea determinación de la pena. Interesan la revocación de la sentencia y la Absolución. La audiencia Provincial desestima los recursos de apelación, ratifica enteramente la sentencia, ratifica la valoración probatoria concluyendo que no se ha menoscabado el derecho fundamental a la presunción de inocencia por concurrir prueba de cargo suficiente, incriminatoria, correctamente valorada, y tampoco se ha producido una dilación en la tramitación extraordinaria que justifique la apreciación de la atenuante. Y en orden a la individualización de la pena, se ha realizado con sujeción a los parámetros de los artículos 66 y siguientes del código penal, prácticamente se ha impuesto la pena mínima de siete meses.
